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Siete conceptos

Posted by guillermomorenopresidente en febrero 3, 2009

foto-guillermo-moreno-2martes, 03 de febrero de 2009

Hay un profundo desencuentro entre las  prioridades del gobierno del Presidente Fernández  y las prioridades de la gente.

Siete conceptos explican este desencuentro.

AUSTERIDAD. En el diccionario del actual gobierno esta palabra no existe.  Sus altos funcionarios, valiéndose de dietas, comisiones e incentivos, se asignan salarios de lujo. El  gobierno tiene un número fuera de toda racionalidad de cónsules,  secretarios sin cartera y subsecretarios.

La sociedad dominicana por su parte aspira a un gobierno austero que utilice del modo mas eficiente y comedido los recursos públicos. Que reduzca y unifique los salarios en la administración pública a partir del salario del Presidente de la República. La eliminación del “barrilito” de los legisladores, de todos los cargos de secretarios de Estado y subsecretarios nombrados en violación de la ley;  una estructuración racional del servicio exterior;  la aplicación estricta de la Ley de Función Publica y el sistema de ingreso y de carrera administrativa consagrada en ella.

EMPLEO. El  gobierno  del Presidente Fernández ha sido incapaz de impulsar una política sostenida de creación de empleo. Los niveles de desempleo se sienten menos por el envio de remesas a sus familiares por los dominicanos en el exterior y por la penetración del narcotráfico a todas las esferas de la sociedad dominicana.

La sociedad dominicana aspira a que el gobierno defina y aplique una agresiva política de creación de fuentes de empleo.  Con el trabajo no solo creamos riquezas sino que es la mas alta forma de dignificar a los seres humanos. Pero además la creación del empleo tiene la virtud de que aumenta la capacidad de consumo de bienes y servicios lo que a su vez estimula la producción y amplia el  mercado interior.

Se puede crear fuente de empleo si se apoya a los sectores productivos, en especial al sector agropecuario que ha planteado al gobierno invertir 30,000 millones de pesos en el campo y garantizar acceso a financiamiento a una taza razonable y estable;  apoyo a las Pymes. Debe el Estado impulsar una política de construcción de obras públicas especialmente de infraestructura rural para mejorar las condiciones de   la producción en el campo y de obras vinculadas a la inversión social del Estado como sería el caso de construir y adecuar escuelas,  politécnicos, viviendas populares  en especial en zonas expuestas a desastres naturales. También definir políticas de  asesoría técnica y gerencial a emprendedores y pequeños negocios.

INVERSIÓN SOCIAL. El gobierno ha invertido importantes recursos en obras consideradas no prioritarias en perjuicio de la inversión social.

Por su parte la sociedad aspira que el gobierno invierta lo que dispone la ley en Educación, en salud y vivienda, focalizado de modo especial en los pobres y muy pobres.  La educación debe ser una verdadera prioridad y debe ser un eje transversal de la inversión pública del Estado hasta alcanzar un sistema educativo de calidad que garantice el acceso universal; que mejore las condiciones de trabajo  y salariales  de profesores, médicos y enfermeras.

ALIMENTACIÓN. Este gobierno en violación a la ley que rige el precio de los hidrocarburos cobra por encima de los porcentajes que le corresponde a  los derivados del petróleo. Por esa razón carece de autoridad moral para exigir a los comerciantes  la rebaja de los bienes de consumo básicos para la alimentación de la población.

La sociedad aspira un gobierno que sea el primero en respetar la ley y que adopte cuantas medidas sean necesarias para perseguir la especulación, el agiotismo y para garantizar precios accesibles de los productos básicos de la  alimentación diaria.

CORRUPCIÓN. El gobierno del presidente Fernández se ha caracterizado por la comisión de parte de sus funcionarios de escandalosos y sucesivos actos de corrupción que han quedado sin investigar y sin sanción. El propio Presidente Fernández por decreto le ha garantizado la impunidad a una de las  condenadas por el  expediente de la más grande estafa bancaria y a varios empresarios del transporte y funcionarios del pasado gobierno del PRD.

La sociedad aspira a un gobierno con el compromiso y firmeza de convicciones para prevenir y buscar la sanción de la corrupción. Para ello  hay que  garantizar una Cámara de Cuentas independiente y creíble,   que haga transparente el gasto público, así como la creación de una Procuraduría Nacional Anticorrupción independiente y con los medios para investigar el patrimonio de los funcionarios públicos y  para perseguir todo acto de corrupción en el Estado.

SEGURIDAD PÚBLICA. Este gobierno ha sido incapaz de garantizar la seguridad pública. La delincuencia común y la violencia mantienen en zozobra a la población. El poder ejecutivo ha centrado el grueso de su estrategia de combatir la delincuencia asesinando a priori a todo quien resulte sospechoso  de ser un delincuente. Con ello ha criminalizado la pobreza. El narcotráfico ha penetrado los organismos encargados de investigar y  perseguir.

La sociedad aspira a una política contra la delincuencia que ataque sus causas al tiempo de ser eficiente en la persecución y búsqueda de sanción del delito.  Ello requiere de la transformación de la Policía Nacional, hacer una profunda depuración de sus miembros,  nuevo sistema de reclutamiento,  mejoría de sus condiciones de trabajo y salariales, equipamiento adecuado y entrenamiento permanente; sometimiento al control de la justicia ordinaria respecto de toda actuación reñida con la ley. El Ministerio Público también debe alcanzar su independencia, fortalecer su capacitación,  respeto estricto de los modos de ingreso y de la carrera. Transformación del sistema carcelario para que evite la reincidencia de los que cumplan condena.

REFORMA CONSTITUCIONAL. El Presidente Fernández pretende imponernos una reforma constitucional que en muchos aspectos fortalece  su proyecto personal de continuidad en el poder más allá del 2012 y para ello se vale de la asamblea revisora en la que cuenta con una mayoría que de forma mecánica la va a aprobar.

La sociedad aspira a una reforma constitucional integral, que devenga en un nuevo pacto político, legitimado por la participación de sectores políticos, sociales y ciudadanos, la que solo puede resultar de una reforma por medio de una Asamblea Constituyente electa por voto popular.

http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=13594&Id_ClassArticulista=307

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