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La Trampa de la Reforma

Posted by guillermomorenopresidente en enero 3, 2009

guillermo-morenomartes, 18 de noviembre de 2008

Algunos ilusos presentan el proyecto de reforma a la Constitución, como una iniciativa inocente del Presidente de la República, cuyo único aparente interés es el perfeccionamiento de la democracia en el país, pretendiendo circunscribir el debate a una discusión jurídico-constitucional.

Contrario a este pensar, todo el proceso de reforma a la carta magna ha estado movido por fines y decisiones políticas provenientes de los actores políticos que lo impulsan.

Razones políticas y no argumentos jurídicos son los que, por ejemplo, determinaron que el Presidente no incluyera, en su proyecto de Constitución, importantes resultados adoptados de forma mayoritaria en la consulta popular; o que cambiara aspectos esenciales del anteproyecto elaborado por la comisión de juristas; o que decidiera que la reforma se haga en una asamblea revisora y no por una constituyente; o que el Presidente se reuniera en el Palacio Nacional con los legisladores del partido oficial y luego con representantes del partido reformista para tratar el tema de la reforma a la constitución.

También son decisiones políticas y no jurídicas propiciar una consulta popular, hacer foros, vistas públicas y muchos otros eventos en los que la gente puede hablar pero sin tener los medios para ser tomada en cuenta. Con todo esto se busca revestir de legitimidad al proceso, a sabiendas de que la decisión final del contenido del texto constitucional la tiene el Presidente de la República, quien en estos momentos concentra los resortes del poder político y los recursos para imponer su voluntad.

Es necesario resistir la tentación de quedar atrapado por las formulaciones retóricas contenidas en el proyecto de Constitución del Presidente de la República, muchas de ellas ya vigentes en la ley sustantiva y adjetiva, y nunca cumplidas. Debemos ir a los aspectos medulares del proyecto, a saber: la forma como se organiza el poder político en el nuevo esquema institucional y el nuevo marco de elección de gobernantes y representantes.

Afirmo que el Dr. Leonel Fernández, a través de su proyecto de constitución está sentando las premisas para asegurar la continuidad de un proyecto personal de poder, superpuesto al desarrollo institucional y a la profundización de la democracia.

—El nuevo marco de elección presidencial y de representantes—
Como es de todos conocidos, en la atropellante reforma constitucional de 2002, propiciada por el ingeniero Hipólito Mejía, se suprimió de la Constitución la prohibición de la reelección, permitiéndose ésta una vez y de forma consecutiva, disponiendo que luego “jamás” pudiera postularse a la presidencia de la República. La comisión de juristas mantuvo en su propuesta este texto, pero el Presidente Leonel Fernández, en el proyecto sometido al congreso, elimina el “jamás”, posibilitando que además de una reelección, luego de transcurridos 4 años, los ex presidentes puedan postularse y reelegirse.

No hay que ser ningún sabio para descubrir que el Presidente lo que ha hecho es un diseño que le garantiza la continuidad en el poder, en dos escenarios posibles.

En un primer escenario, podría postularse en el 2012 alegando que se trata de una nueva constitución aplicable a partir de su promulgación, sin poder regir situaciones pasadas. No debe ignorarse que en el proyecto, el literal b del artículo 244 dispone que la reforma relativa al período constitucional del Presidente de la República entra en vigor solamente en el siguiente período. Es sabido que la Asamblea Nacional podría obviar este propósito consignando un texto transitorio que de forma expresa lo hiciera aplicable en el período que transcurre.

El segundo escenario que propicia el proyecto del presidente es para el caso en que efectivamente no pueda postularse en el 2012. No es difícil imaginar que con el control que actualmente tiene del partido, con su manejo clientelar del poder y los inmensos recursos de que dispone, tal y como demostró a propósito de su reelección, será el Dr. Leonel Fernández quien decidirá a quién le pasa “la antorcha”.
Teniendo el propósito de postularse en el 2016, buscará para la nominación en el 2012, a una persona que no pueda desarrollar por si misma un liderazgo propio. En este escenario, el Dr. Leonel Fernández se convertiría en el poder detrás del trono, para volver en el 2016 con posibilidad de reelegirse hasta el 2024. Es cierto que la Asamblea podría desmontar en parte este escenario si aumenta de 4 años a 8 años el período en el que le estaría vedado postularse.

—Concentración del poder—
En la distribución del poder del proyecto de constitución del Dr. Leonel Fernández sale fortalecida la figura del Presidente de la República. Empecemos por anotar que la formulación que se hace sobre el Poder Ejecutivo está más cercana a una concepción monárquica que a una concepción democrática. Expresa el proyecto: “El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente de la República, símbolo de unidad nacional y de la permanencia del Estado” (art.102). Llama la atención las diferencias de este texto con la formulación que de este artículo hizo la Comisión de Juristas en su anteproyecto: “El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente o Presidenta de la República, en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno” (art.105).

De seguro muchos se han preguntado de qué forma es que en el proyecto del Dr. Leonel Fernández viene a fortalecer el presidencialismo. Puedo decir que principalmente por dos vías: En primer lugar, manteniéndole y reforzándole facultades que ya tenía el Ejecutivo y que tradicionalmente han impedido la modernización del Estado y han fomentado la corrupción y el clientelismo. Entre las atribuciones que tienen este carácter en el proyecto presentado a la Asamblea Nacional están: 1) Que sea el Presidente de la República quien proponga al Senado las ternas para el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas (art.63.3), y de los miembros del Ministerio Público (art. 150). ¿Qué garantía puede tener la sociedad de una Cámara de Cuentas cuyos miembros son propuestos por el Presidente de la República para auditar y analizar la ejecución del presupuesto del propio Poder Ejecutivo? Igual puede decirse del Ministerio Público ¿Qué independencia puede tener para realizar la labor de investigación y persecución de la corrupción administrativa, si sus miembros son designados por el jefe de la administración pública? 2) También que se faculte al Poder ejecutivo a crear por decretos las dependencias que considere necesarias y nombrar los viceministros que él determine (art.114). 3) Que se atribuya al Presidente el nombramiento de los empleados públicos (art.108.1) y se le otorgue iniciativa exclusiva para fijar, modificar, unificar, aumentar y suprimir las remuneraciones en la administración pública (art.121), algo que si bien hace en los hechos, en el proyecto adquiere rango constitucional. Estas atribuciones en manos del Presidente de la República, ejercida a su sola discreción, sin someterse a los controles de la ley, ha sido la fuente del clientelismo y el nepotismo en el Estado, y el principal obstáculo para alguna vez tener una administración pública de carrera y un servicio eficiente y transparente.

El proyecto fortalece el presidencialismo, en segundo lugar, al limitar las facultades de control de los demás poderes del Estado sobre el Poder Ejecutivo. En el proyecto del Dr. Leonel Fernández, no hay real equilibrio entre los poderes del Estado, y el control que deben realizar los otros poderes sobre el ejecutivo es inefectivo, convirtiéndolo más bien un ejercicio retórico. Ejemplos de esta aseveración son los casos de la disposición que establece que para el Congreso modificar el presupuesto se requiere de una mayoría de las 2/3 (art.219), pero cuando la iniciativa de modificación proviene del Poder Ejecutivo, ésta se puede realizar con la mayoría absoluta. (art.219); o cuando mantiene la disposición que faculta al ejecutivo, en forma absoluta, a poder suprimir por decreto los arbitrios establecidos por los ayuntamientos. (Art.108.16).

Ahora bien, lo que más ayuda a captar la intención del Presidente de aumentar la hegemonía del Poder Ejecutivo, lo aporta el examen de algunas de las propuestas excluidas del ante-proyecto elaborado por la comisión de juristas. Entre los aspectos eliminados por el Presidente de la República hay varios que fortalecían el control del Congreso sobre algunas actuaciones del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el anteproyecto de la comisión de juristas disponía que era facultad del Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para: El envió de tropas al exterior o aceptar la presencia de tropas extranjeras en el país (Art. 83.7); iniciar las negociaciones de Tratados de Integración Económica (83.14). También, el anteproyecto le atribuye al Congreso, siendo eliminado en el proyecto del Presidente, la facultad para: Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes; celebrar periódicamente sesiones de información en la cual los ministros y otros funcionarios deben asistir de forma obligatoria al Congreso para edificar a sus miembros de la ejecución presupuestaria.

El proyecto del Presidente descartó varias propuestas contenidas en el anteproyecto de la comisión que fortalecían la participación de los ciudadanos y ampliaban los derechos sociales. Tal es el caso de la supresión de la asamblea constituyente contenida en el artículo 262 del anteproyecto; la unificación de las elecciones municipales con las nacionales, volviendo al sistema de “arrastre” por parte del Poder Ejecutivo en perjuicio de la descentralización y del fortalecimiento del poder local. También en el proyecto del Presidente se excluyen disposiciones contenidas en el anteproyecto como por ejemplo, el principio de la autodeterminación de los pueblos y el rechazo del colonialismo en todas sus formas; la obligación del Estado de promover y garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en las candidaturas y en la administración pública; el enunciado sobre la función social de la propiedad; la obligación del Estado de, junto a la propiedad privada individual, proteger y promover formas asociativas, cooperativas y solidarias de propiedad; o las disposición que obliga al Estado, al enajenar su participación en una empresa, a tomar medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecer a sus trabajadores condiciones especiales para adquirirlas. Los principios y derechos y obligaciones enumerados están contenidos en los artículos 4, 32.5, 45.6 y 45.3 del anteproyecto elaborado por la comisión de juristas.

Todo lo expuesto nos permite establecer las grandes líneas y propósitos que caracterizan el proyecto de Constitución del Presidente de la República. En primer lugar, está elaborado no en función de superar nuestra debilidad institucional sino de garantizar la continuidad del proyecto personal de poder del gobernante que lo propicia. Segundo: este proyecto, al fortalecer el presidencialismo, sin establecerle los efectivos mecanismos de control y de transparencia al ejecutivo, la acerca a las constituciones de corte autoritaria de nuestra evolución constitucional; y tercero: es una propuesta medularmente conservadora.

Es lamentable que el Presidente Leonel Fernández, proviniendo de una tradición política progresista y liberal, teniendo en sus manos todas las posibilidades, no aproveche la oportunidad de la reforma constitucional para sentar las bases de la institucionalidad del país y la profundización de la democracia y de la justicia social. Pero más lamentable aún, es ver al grueso de los dirigentes de su partido, asumir pasivamente este designio y guardar silencio, renunciando a lo mejor del legado político del Profesor Juan Bosch, cuando apenas se cumplen 7 años de su desaparición física.

Clave Digital
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